Desde el Espacio Feminista de USTEA celebramos la aprobación, en primera vuelta por parte del Consejo de Ministras y Ministros, de la ampliación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Consideramos este paso como una victoria fundamental, fruto de años de lucha, resistencia y persistencia por parte del movimiento feminista, de las madres protectoras y de las asociaciones especializadas que han denunciado incansablemente las carencias del sistema.
Esta reforma no es un trámite administrativo más; es un avance necesario y pionero que pone en el centro la escucha activa de niños, niñas, niñes y adolescentes, convirtiéndo a la infancia en una etapa plena de derechos y no en ciudadanía de segunda.
Además, sitúa a España a la vanguardia internacional en la protección de la infancia frente a la violencia vicaria y la violencia institucional. De culminar su tramitación parlamentaria, nuestro país podría convertirse en el primero del mundo en prohibir expresamente por ley el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de cualquier reformulación pseudocientífica similar en procedimientos judiciales y administrativos.
No hablamos solo de una modificación técnica, sino de un cambio de paradigma: la infancia deja de ser tratada como objeto pasivo de decisiones adultas y pasa a ser reconocida como sujeto pleno de derechos, con voz propia, con derecho a ser escuchada y con derecho a ser protegida frente a quienes ejercen violencia.
Esta medida es pionera porque responde a una demanda histórica del movimiento feminista, de las madres protectoras y de los organismos internacionales que llevan años alertando del uso del SAP y de conceptos similares para desacreditar testimonios de niñas, niños y adolescentes, invisibilizar la violencia machista y castigar a quienes intentan protegerles.
Como organización sindical feminista y defensora de la infancia, queremos resaltar los puntos que consideramos clave en esta modificación:
- El fin del SAP en los tribunales. Celebramos la prohibición expresa del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de cualquier otra reformulación pseudocientífica sin aval científico. De culminar su tramitación, España podría convertirse en el primer país del mundo en excluir por ley estos planteamientos de los procedimientos judiciales y administrativos. Es un logro histórico que pone freno a una herramienta utilizada para desacreditar la voz de la infancia, criminalizar a las madres protectoras y perpetuar situaciones de violencia vicaria e institucional.
- La garantía de escucha. La obligatoriedad de contar con el testimonio de menores en los procedimientos que les afecten, independientemente de su edad, es un paso esencial para garantizar su derecho a la escucha y a su respeto.
- Priorizar el interés superior del/la menor. La reforma refuerza la protección frente a agresores, estableciendo claramente que el alejamiento del/la menor respecto de la persona que ejerce la violencia es una medida inherente a su bienestar. Como bien ha señalado el Ministerio, «un maltratador no es un buen padre».
- Mayor exigencia profesional. Celebramos por el fortalecimiento de los requisitos para desempeñar profesiones que impliquen contacto con la infancia, asegurando entornos más seguros mediante la exigencia de no contar con condenas por delitos relacionados con la violencia hacia menores.
Desde USTEA, reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia y la adolescencia. Esta reforma es un paso valiente hacia la reparación de las víctimas y hacia la construcción de una sociedad donde los entornos escolares, familiares y judiciales sean, de una vez por todas, espacios seguros.
Seguiremos vigilantes y trabajando desde nuestros centros de trabajo y desde el movimiento feminista para que la aplicación efectiva de esta ley sea una realidad, superando las desigualdades territoriales y garantizando la especialización de quienes deben proteger a nuestra infancia.
¡Por una infancia libre de violencias! ¡Ni un paso atrás en derechos!
Andalucía, 8 de mayo de 2026
