El Espacio Feminista de USTEA alza su voz en rechazo absoluto al grave recorte sin precedentes que ha afectado a la Ley de Igualdad en nuestra comunidad autónoma. Este recorte ha sido perpetrado por el Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un decreto que, de manera deliberada, esquiva la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos.
En el pasado, el artículo 8 de la Ley 9/2018 establecía que el presupuesto de Andalucía debía incluir un informe de evaluación del impacto de género. Dicho informe era elaborado por la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, compuesta por profesionales de la Consejería de Economía y Hacienda y del Instituto Andaluz de la Mujer. Además, se promovían auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía verificaba si se cumplía la perspectiva de género en el presupuesto y lo incorporaba en el informe sobre la Cuenta General de Andalucía.
Sin embargo, el Decreto-ley aprobado recientemente ha modificado el mencionado artículo 8, así como el 6.2 del mismo texto legal. Esto ha tenido como consecuencia la eliminación de la obligación que tenía la Cámara de Cuentas de Andalucía de incorporar en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía la fiscalización del cumplimiento de
la aplicación de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Además, se ha suprimido la Comisión de Impacto de Género, dejando exclusivamente en manos de la Consejería de Economía y Hacienda la emisión del informe de evaluación de impacto de género. En resumen, no habrá quien fiscalice la ejecución presupuestaria conforme al impacto de género.
La Ley para la promoción de la Igualdad en Andalucía es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma. Los recortes o la no aplicación de la Ley demuestran una falta de compromiso por parte del Gobierno andaluz en la lucha contra la discriminación de género y en la promoción de la igualdad de oportunidades. Es imprescindible que se priorice la igualdad de género en todas las políticas y decisiones tomadas en nuestra región, con el objetivo de construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todas las personas.
Además, este decreto-ley modifica el artículo 27 de la Ley de 2007 para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, donde aquellas empresas no obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley, se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, dejando sin medidas concretas para estos planes.
Este retroceso es inaceptable. El Gobierno del Partido Popular ha borrado de un plumazo los avances logrados en la búsqueda de la igualdad real entre mujeres y hombres desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. La perspectiva de género, como herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, ha sido desestimada. Es nuestro deber seguir luchando por una sociedad justa e igualitaria, donde las mujeres no sean víctimas de discriminación ni exclusión.
Exigimos que se restituyan los mecanismos que garantizan la igualdad de género en la gestión presupuestaria. Las mujeres de Andalucía merecen una sociedad que no solo proclame la igualdad, sino que la practique y defienda en cada decisión y acción.
26 de febrero de 2024
Espacio Feminista de USTEA
